Sindicato nacional de empresas Servicios Globales de Outsourcing s.a.
Presente.
Un día como hoy un grito de lucha fue pregonado en todos los espacios de nuestro país y el descontento se generalizó. La desconfianza frente a la gestión de nuestras instituciones rebasó nuestra paciencia. Como ciudadanos fuimos capaces de organizarnos sin necesitar un líder específico porque el interés común fue nuestro único norte. Dentro de las demandas de la población, la dignidad en el trabajo fue una de las más potentes, por los bajos salarios, las jornadas extenuantes que imposibilitan la vida familiar, entre muchas otras situaciones de injusticias que no han tenido eco en el parlamento.
La clase trabajadora de nuestro país vivió en carne propia el atropello de su dignidad e integridad como personas. El inicio de la pandemia a comienzos del 2020, nos refregó en la cara la real posición de los trabajadores en el Chile que vivimos: somos para los políticos, empresarios e instituciones, simples números o factores dentro de un proceso de producción ingrato. Así lo constatamos con la llamada “ley de suspensión laboral” que facultó a las empresas empleadoras a suspender tanto la prestación de servicios del trabajador como el pago de sus remuneraciones.
Con la aplicación de esta ley nos dejaron en una posición paupérrima y nos obligaron a hacer uso de nuestros propios ahorros de las cuentas individuales del seguro de cesantía. Muchos trabajadores no tenían suficiente ahorro para subsistir y debieron recurrir a diversas alternativas de sobrevivencia. No todos los trabajadores pudieron acogerse a esta ley porque sus labores se consideraron “esenciales”, como por ejemplo los servicios de mercaderistas/reponedores de las distintas cadenas de establecimientos comerciales.
Este grupo de trabajadores se transformó en la primera línea del abastecimiento del país sin tener reconocimiento alguno por ello, al contrario, recibieron desde marzo del 2020 una sobrecarga en sus tareas ocasionada por el aumento considerable en las metas de venta. A muchos de ellos se les modificó unilateralmente su jornada de trabajo y hubo a quienes inclusive se les discriminó por mantenerse trabajando.
Todo lo anterior se tornó aún más grave y precario para los trabajadores subcontratados, y por eso repudiamos la gestión de las actuales instituciones que se supone deben proteger los derechos de los trabajadores. Nos hemos transformado en meros usuarios de un aparataje que responde a fines e intereses propios, revestidos de una legalidad que es injusta.
Así, la pandemia dejó en evidencia la indignidad padecida por los trabajadores cada día. Por la vía legal y aprovechándose de las necesidades de subsistencia que tiene cada uno de nosotros, nos obligaron a hacer uso de los propios recursos, reunidos a lo largo de años de trabajo.
Similar situación ocurrió con los retiros de los fondos de pensiones, que se transformaron en una herramienta de la clase política pero no enfocada en la verdadera problemática que es el estado de necesidad persistente de las familias y de la vejez.
A mediados del año 2020 producto del primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, quedó al descubierto una realidad que por muchos años se quiso esconder: el gran número de deudores de pensiones alimenticias. Puso en la palestra lo indolente y humillante del mecanismo utilizado por madres, generalmente, para perseguir el cobro de los montos adeudados, muchas veces exponiéndose a amenazas y largas esperas por no pagos.
Esta problemática evidenció un modelo laboral machista que afecta a las mujeres, las que además de trabajadoras son cuidadora del hogar e hijos, y en no pocos casos también de familiares enfermos; y al hombre como el mero productor o proveedor. Se sumó a esto, las problemáticas de un prolongado confinamiento que elevó los índices de violencia intrafamiliar.
Por otro lado a comienzos del año 2021 a raíz de una denuncia de un grupo de trabajadores, constatamos la discriminación existente en las grandes cadenas de supermercados con su personal externo o subcontratado. Desde los uniformes distintos exigidos, la negativa a utilizar las instalaciones, tales como baños, casinos, etc., marcan un constante de maltrato para estos trabajadores.
Los trabajadores externos desde siempre han padecido estos vejámenes por parte de las administraciones de los establecimientos en los que prestan servicios, pero en la actualidad se vuelve intolerable toda vez que no existen las condiciones sanitarias para seguir permitiendo este tipo de prácticas. Es tal el nivel de discriminación que se les exigen uniformes los cuales son percibidos por los mismos trabajadores como elementos diferenciadores respecto de sus compañeros contratados directamente por los establecimientos.
Lo anteriormente expuesto es tan sólo una mirada ínfima a las problemáticas que desde octubre del 2019 se viven. La deuda en materia de educación y salud se acrecentó. Vimos personal médico siendo agredido tanto por personas como por funcionarios del Estado con ocasión de manifestaciones realizadas por el no reconocimiento de la labor esencial desarrollada durante la pandemia. Las medidas utilizadas por el gobierno, las instituciones y las empresas desde el estallido social hasta hoy no han sido idóneas, teniendo consecuencias económicas y sociales.
Frente a esto y en conmemoración de los dos años desde el inicio del estallido social, repudiamos toda la indolencia e irresponsabilidad generada desde las distintas esferas del poder, haciendo un llamado de unidad a las organizaciones en defensa de la dignidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Reivindicamos la manoseada frase: “la unión hace la fuerza”, porque la pobreza no ha desaparecido y se oculta detrás de un sobre esfuerzo romantizado de una sociedad consumista.
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